Como otros pueblos, sus vecinos fueron víctimas de las inútiles guerras coloniales del siglo XIX
Última actualización 19/02/2004@00:00:00 GMT+1
Hace ya casi un siglo que los vecinos de este pueblo de la comarca de Ciudad Rodrigo ocuparon la atención del país después de que a últimos de 1905–empujados por la pobreza que supuso la enajenación de propios efectuada por el Estado para ‘tapar’ los tremendos agujeros económicos que originaron las inútiles guerras coloniales– decidieron emigrar a Argentina como única salida a la miseria que invadía sus casas.
En aquel entonces, Boada, contaba con casi 1.150 habitantes, un municipio superpoblado de los que en su mayoría eran jornaleros con sueldos insuficientes para mantener a sus familias y a las que únicamente sus pequeños huertos –más tarde expropiados– servían para hacer frente al hambre.
Boada vivió humildemente hasta la pérdida de Filipinas y Cuba, momento en el que el Gobierno se acordó que allí existían unas tierras comunales de las que sacar unos reales, siendo en 1897 cuando los vecinos se quedaron sin los propios que hasta entonces habían servido de ayuda a los 240 braceros.
Fueron 39.300 pesetas las que el Estado percibió por la venta a terratenientes de ‘El Baldío’, ‘La Dehesa’, ‘Los Huertos’ y ‘Los Carrascalitos’, un total de 196.000 pesetas de las que el 20 por ciento fue a engrosar las arcas del fisco, el resto fue devuelto en láminas al Ayuntamiento para que redundara en beneficio del pueblo, cosa que más tarde no sucedió.
La iniciativa de los vecinos, encabezados por el médico, Carlos de Sena y por el resto de personajes ilustres habitantes también del municipio, fue considerada por las más insignes plumas como de antipatriotismo, hecho que incluso acaparó la atención de Unamuno, quien además de no lograr solucionar el problema, tras una desafortunada intervención, dejó en entredicho las buenas intenciones de los habitantes de Boada y de la excelente relación que siempre mantuvo Joaquín de la Puente con sus vecinos, propietario de una dehesa cercana al pueblo, que siempre dispensó buen trato a los arrendadores que labraban sus tierras rebajando a la mitad lo que para otros era común.
También se hizo eco de las ‘antipatriotas’ intenciones de los boadenses el que fuera diputado a Cortes por el distrito de Vitigudino y posterior rector de la Universidad, Luis Maldonado, quien en una intervención solicitó del Gobierno medidas urgentes para que Boada y otros pueblos de Las Arribes recibieran ayudas «ante la miseria que corroe sus casas y que está produciendo una fuerte emigración hacia Cuba y Argentina».
Finalmente, y ante el revés de credibilidad al que la emigración de un pueblo entero podía someter al país, el Gobierno optó por entregar de nuevo las tierras al común, proceso que se produjo de forma paulatina y que no evitó que al menos un joven por familia emigrara a través del Atlántico.
La recuperación de las tierras y el descenso de población originaron que la prosperidad resurgiera de forma lenta hasta la llegada de la guerra civil. Años después, la finca de ‘La Zarza’, de 1.600 hectáreas, fue adjudicada a sus vecinos por el Instituto Nacional de Colonización para que ésta fuese explotada de forma mancomunada mediante la creación de cooperativas, situación que se mantuvo hasta 1978 cuando enfrentamientos entre sus asociados determinaron el reparto de las tierras en 50 explotaciones. Actualmente, la mayoría de sus propietarios son jubilados y las tierras que no han sido vendidas, son explotadas por vecinos de localidades cercanas, situación que recuerda la vivida hace casi 100 años cuando los hijos de Boada decidieron buscar nuevos horizontes ante la falta de oportunidades que ofrecían sus tierras.
by Miguel Corral
En aquel entonces, Boada, contaba con casi 1.150 habitantes, un municipio superpoblado de los que en su mayoría eran jornaleros con sueldos insuficientes para mantener a sus familias y a las que únicamente sus pequeños huertos –más tarde expropiados– servían para hacer frente al hambre.
Boada vivió humildemente hasta la pérdida de Filipinas y Cuba, momento en el que el Gobierno se acordó que allí existían unas tierras comunales de las que sacar unos reales, siendo en 1897 cuando los vecinos se quedaron sin los propios que hasta entonces habían servido de ayuda a los 240 braceros.
Fueron 39.300 pesetas las que el Estado percibió por la venta a terratenientes de ‘El Baldío’, ‘La Dehesa’, ‘Los Huertos’ y ‘Los Carrascalitos’, un total de 196.000 pesetas de las que el 20 por ciento fue a engrosar las arcas del fisco, el resto fue devuelto en láminas al Ayuntamiento para que redundara en beneficio del pueblo, cosa que más tarde no sucedió.
La iniciativa de los vecinos, encabezados por el médico, Carlos de Sena y por el resto de personajes ilustres habitantes también del municipio, fue considerada por las más insignes plumas como de antipatriotismo, hecho que incluso acaparó la atención de Unamuno, quien además de no lograr solucionar el problema, tras una desafortunada intervención, dejó en entredicho las buenas intenciones de los habitantes de Boada y de la excelente relación que siempre mantuvo Joaquín de la Puente con sus vecinos, propietario de una dehesa cercana al pueblo, que siempre dispensó buen trato a los arrendadores que labraban sus tierras rebajando a la mitad lo que para otros era común.
También se hizo eco de las ‘antipatriotas’ intenciones de los boadenses el que fuera diputado a Cortes por el distrito de Vitigudino y posterior rector de la Universidad, Luis Maldonado, quien en una intervención solicitó del Gobierno medidas urgentes para que Boada y otros pueblos de Las Arribes recibieran ayudas «ante la miseria que corroe sus casas y que está produciendo una fuerte emigración hacia Cuba y Argentina».
Finalmente, y ante el revés de credibilidad al que la emigración de un pueblo entero podía someter al país, el Gobierno optó por entregar de nuevo las tierras al común, proceso que se produjo de forma paulatina y que no evitó que al menos un joven por familia emigrara a través del Atlántico.
La recuperación de las tierras y el descenso de población originaron que la prosperidad resurgiera de forma lenta hasta la llegada de la guerra civil. Años después, la finca de ‘La Zarza’, de 1.600 hectáreas, fue adjudicada a sus vecinos por el Instituto Nacional de Colonización para que ésta fuese explotada de forma mancomunada mediante la creación de cooperativas, situación que se mantuvo hasta 1978 cuando enfrentamientos entre sus asociados determinaron el reparto de las tierras en 50 explotaciones. Actualmente, la mayoría de sus propietarios son jubilados y las tierras que no han sido vendidas, son explotadas por vecinos de localidades cercanas, situación que recuerda la vivida hace casi 100 años cuando los hijos de Boada decidieron buscar nuevos horizontes ante la falta de oportunidades que ofrecían sus tierras.
by Miguel Corral
http://www.tribuna.net/noticia/4242/PROVINCIA/.html
